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14. Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027 (Apartes)
PRECEDENTEC
Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/PLAN%20DECENAL%20IMAGES/Documento%20Plan%20Decenal.pdf
“De manera sintética, y siguiendo el enfoque conceptual que se acoge para desarrollar el contenido de esta dimensión, se puede concebir la cognoscibilidad como la generación de facultades en los ciudadanos para identificar la disposición legal aplicable y comprender su sentido, de modo que puedan actuar y orientarse con base en el ordenamiento jurídico vigente”. (pg. 205)
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Así, como objetivo general se propone el de propiciar las condiciones para que os atributos de cognoscibilidad, calculabilidad y confiabilidad del ordenamiento jurídico se desarrollen en Colombia, siendo a su vez, objetivos específicos: i) propiciar el posicionamiento de la seguridad jurídica desde la perspectiva estratégica de la política pública; ii) definir estrategias de divulgación y difusión del ordenamiento jurídico vigente en la nación y en el territorio, en función de su cognoscibilidad; iii) fortalecer la consolidación y divulgación de la jurisprudencia y las decisiones administrativas que permiten entender la interpretación del ordenamiento jurídico; iv) generar mecanismos de articulación para la producción normativa para propiciar la coherencia en el marco jurídico; v) consolidar la prevención del Daño Antijurídico dentro de la Producción Normativa; vi) fortalecer los lineamientos para la producción normativa en función de la calidad y la previsibilidad; vii) aumentar de los niveles de transparencia y consulta pública en el proceso de producción normativa; y viii) mejorar estándares de calidad de la producción normativa para facilitar la eficacia, cognoscibilidad y confiabilidad del ordenamiento jurídico.(pg. 219)
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3.1.7.2.3. Insuficiente divulgación institucional y ciudadana sobre la aplicación de las normas a través de la jurisprudencia y las decisiones de organismos de control y autoridades tributarias
….
Así, la lista de autoridades que construyen precedentes con relevancia para ser tenidos en cuenta dentro de las relaciones sociales, es cada vez más amplia, abarcando no solamente a las Cortes, Tribunales y Juzgados que integran a la Rama Judicial, sino también a: i) autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales (tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, entre otras); ii) organismos de control (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República); y iii) autoridades en materia tributaria (Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Secretarías de Hacienda de entes territoriales).
El conocimiento de estos precedentes resulta fundamental para que los destinatarios de las normas (tanto actores pertenecientes al sector privado como al sector público) comprendan el ordenamiento jurídico y orienten la toma de decisiones.
…
Así, la importancia del precedente, en cualquier sistema jurídico, radica en la vocación del mismo como regla para la resolución de los casos futuros que correspondan a los jueces y a la Administración, al decidir controversias individuales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante reconocer que cada una de estas autoridades cuenta con espacios virtuales donde se presenta información sobre los precedentes que han construido. Sin embargo, no existen estándares uniformes para la consolidación de dicha información, como tampoco existen criterios uniformes para su socialización a la ciudadanía. De manera complementaria, es importante que a nivel del sector público, se estandaricen parámetros para la socialización de novedades jurisprudenciales y doctrinarias en el interior de las Entidades, de manera que los funcionarios conozcan los criterios aplicables a las actuaciones administrativas a su cargo. (Pgs. 213-214)
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Líneas de acción en relación con el componente de cognoscibilidad
En relación con la potencialización de la cognoscibilidad, como componente de la seguridad jurídica, se propone como objetivo diseñar estrategias de divulgación y difusión del ordenamiento jurídico vigente en la nación y en el territorio.
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Ahora bien, de conformidad con las consideraciones efectuadas en el aparte de diagnóstico, en relación con la consolidación y divulgación de información sobre precedentes jurisprudenciales y decisiones administrativas, constituye una acción estratégica prioritaria, la atención de manera efectiva, de las necesidades de infraestructura y arquitectura humana y tecnológica para las Relatorías de las Altas Cortes, los Tribunales, los organismos de control, la autoridad tributaria y las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Para estos efectos, se requieren gestiones desde el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la DIAN, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario. (Pgs. 220-221)
Por último, para efectos de promover e incentivar el respeto por el precedente judicial a nivel de Entidades públicas, se propone efectuar seguimiento, verificación y difusión de los casos y las situaciones en que se de aplicación a la extensión del precedente jurisprudencial en sede administrativa. (Pgs. 220-222)
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En tercer y cuarto lugar se pretende promover, incentivar e implementar el respeto por el ordenamiento jurídico, haciendo énfasis en el precedente del Consejo de Estado, así como fortalecer y promover la unificación jurisprudencial en la jurisdicción. De tal forma mediante el impulso a iniciativas como la realización de estudios en la jurisdicción para la consolidación de líneas jurisprudenciales se busca contribuir al conocimiento del precedente judicial y por supuesto a la operatividad del recurso de unificación de la jurisprudencia, y al mecanismo de extensión de la jurisprudencia, aprovechando el alto potencial que tienen estas dos figuras jurídicas para la contención de la conflictividad y la solución temprana de controversias. (pg. 365)
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Finalmente, y desde la otra perspectiva, es importante anotar la importancia de que, en su gestión, las propias autoridades ambientales cuenten con suficiente conocimiento acerca de los precedentes jurisprudenciales y las decisiones emanadas desde la Rama Judicial, que tienen impacto sobre la temática medioambiental y asuntos conexos, como los que se han identificado a lo largo de este diagnóstico. (pg. 426)
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Por último, para efectos de fortalecer la eficacia de la decisión judicial, desde el Plan Decenal se propone como línea de acción, en consonancia con las consideraciones precedentes plasmadas en relación con la dimensión vertical sobre justicia constitucional, el diseño de arreglos institucionales, procesales y técnicos para dotar al juez de herramientas para efectuar un seguimiento efectivo a la decisión judicial y sancionar a los responsables en caso de eventual incumplimiento. (pg. 445)
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https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/PLAN%20DECENAL%20IMAGES/Documento%20Plan%20Decenal.pdf
“De manera sintética, y siguiendo el enfoque conceptual que se acoge para desarrollar el contenido de esta dimensión, se puede concebir la cognoscibilidad como la generación de facultades en los ciudadanos para identificar la disposición legal aplicable y comprender su sentido, de modo que puedan actuar y orientarse con base en el ordenamiento jurídico vigente”. (pg. 205)
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Así, como objetivo general se propone el de propiciar las condiciones para que os atributos de cognoscibilidad, calculabilidad y confiabilidad del ordenamiento jurídico se desarrollen en Colombia, siendo a su vez, objetivos específicos: i) propiciar el posicionamiento de la seguridad jurídica desde la perspectiva estratégica de la política pública; ii) definir estrategias de divulgación y difusión del ordenamiento jurídico vigente en la nación y en el territorio, en función de su cognoscibilidad; iii) fortalecer la consolidación y divulgación de la jurisprudencia y las decisiones administrativas que permiten entender la interpretación del ordenamiento jurídico; iv) generar mecanismos de articulación para la producción normativa para propiciar la coherencia en el marco jurídico; v) consolidar la prevención del Daño Antijurídico dentro de la Producción Normativa; vi) fortalecer los lineamientos para la producción normativa en función de la calidad y la previsibilidad; vii) aumentar de los niveles de transparencia y consulta pública en el proceso de producción normativa; y viii) mejorar estándares de calidad de la producción normativa para facilitar la eficacia, cognoscibilidad y confiabilidad del ordenamiento jurídico.(pg. 219)
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3.1.7.2.3. Insuficiente divulgación institucional y ciudadana sobre la aplicación de las normas a través de la jurisprudencia y las decisiones de organismos de control y autoridades tributarias
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Así, la lista de autoridades que construyen precedentes con relevancia para ser tenidos en cuenta dentro de las relaciones sociales, es cada vez más amplia, abarcando no solamente a las Cortes, Tribunales y Juzgados que integran a la Rama Judicial, sino también a: i) autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales (tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, entre otras); ii) organismos de control (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República); y iii) autoridades en materia tributaria (Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Secretarías de Hacienda de entes territoriales).
El conocimiento de estos precedentes resulta fundamental para que los destinatarios de las normas (tanto actores pertenecientes al sector privado como al sector público) comprendan el ordenamiento jurídico y orienten la toma de decisiones.
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Así, la importancia del precedente, en cualquier sistema jurídico, radica en la vocación del mismo como regla para la resolución de los casos futuros que correspondan a los jueces y a la Administración, al decidir controversias individuales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante reconocer que cada una de estas autoridades cuenta con espacios virtuales donde se presenta información sobre los precedentes que han construido. Sin embargo, no existen estándares uniformes para la consolidación de dicha información, como tampoco existen criterios uniformes para su socialización a la ciudadanía. De manera complementaria, es importante que a nivel del sector público, se estandaricen parámetros para la socialización de novedades jurisprudenciales y doctrinarias en el interior de las Entidades, de manera que los funcionarios conozcan los criterios aplicables a las actuaciones administrativas a su cargo. (Pgs. 213-214)
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Líneas de acción en relación con el componente de cognoscibilidad
En relación con la potencialización de la cognoscibilidad, como componente de la seguridad jurídica, se propone como objetivo diseñar estrategias de divulgación y difusión del ordenamiento jurídico vigente en la nación y en el territorio.
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Ahora bien, de conformidad con las consideraciones efectuadas en el aparte de diagnóstico, en relación con la consolidación y divulgación de información sobre precedentes jurisprudenciales y decisiones administrativas, constituye una acción estratégica prioritaria, la atención de manera efectiva, de las necesidades de infraestructura y arquitectura humana y tecnológica para las Relatorías de las Altas Cortes, los Tribunales, los organismos de control, la autoridad tributaria y las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Para estos efectos, se requieren gestiones desde el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la DIAN, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario. (Pgs. 220-221)
Por último, para efectos de promover e incentivar el respeto por el precedente judicial a nivel de Entidades públicas, se propone efectuar seguimiento, verificación y difusión de los casos y las situaciones en que se de aplicación a la extensión del precedente jurisprudencial en sede administrativa. (Pgs. 220-222)
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En tercer y cuarto lugar se pretende promover, incentivar e implementar el respeto por el ordenamiento jurídico, haciendo énfasis en el precedente del Consejo de Estado, así como fortalecer y promover la unificación jurisprudencial en la jurisdicción. De tal forma mediante el impulso a iniciativas como la realización de estudios en la jurisdicción para la consolidación de líneas jurisprudenciales se busca contribuir al conocimiento del precedente judicial y por supuesto a la operatividad del recurso de unificación de la jurisprudencia, y al mecanismo de extensión de la jurisprudencia, aprovechando el alto potencial que tienen estas dos figuras jurídicas para la contención de la conflictividad y la solución temprana de controversias. (pg. 365)
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Finalmente, y desde la otra perspectiva, es importante anotar la importancia de que, en su gestión, las propias autoridades ambientales cuenten con suficiente conocimiento acerca de los precedentes jurisprudenciales y las decisiones emanadas desde la Rama Judicial, que tienen impacto sobre la temática medioambiental y asuntos conexos, como los que se han identificado a lo largo de este diagnóstico. (pg. 426)
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Por último, para efectos de fortalecer la eficacia de la decisión judicial, desde el Plan Decenal se propone como línea de acción, en consonancia con las consideraciones precedentes plasmadas en relación con la dimensión vertical sobre justicia constitucional, el diseño de arreglos institucionales, procesales y técnicos para dotar al juez de herramientas para efectuar un seguimiento efectivo a la decisión judicial y sancionar a los responsables en caso de eventual incumplimiento. (pg. 445)
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